El escándalo de corrupción en Brasil y de la constructora Odebrecht está superando las fronteras y alcanzando a la Argentina. En este contexto, la petrolera estatal YPF tomó la decisión de revisar los contratos firmados con la constructora en cuestión.
EconoJournal detalló que el comité de Compliance de la petrolera estatal está analizando los dos contratos rubricados con Odebrecht por los que se pagó un total de 350 millones de dólares para la ampliación de la planta de Ensenada.
De todas maneras, allegados a la petrolera aclararon que “no implica que exista ningún tipo de ilícito”.
Las obras en cuestión son la instalación de la unidad de Reformado Catalítico Continuo (CCR) en 2009 – durante la conducción de Sebastián Eskenazi – y el desmontaje de las instalaciones destruidas en el incendio de la refinería tras la inundación de La Plata en 2013 – durante la presidencia de Miguel Galuccio.
El primer contrato se firmó en octubre de 2009 con un presupuesto de 158 millones de dólares y una cuota de 390 pesos para costos locales. Sin embargo, luego se elevó el presupuesto local hasta los 583 millones.
La cotización en pesos del contrato sí sufrió un salto significativo, aunque allegados al proyecto argumentaron, con verosimilitud técnica, que el incremento obedeció al efecto de la inflación, que superó un promedio del 20 por ciento anual entre 2010 y 2014. En total, YPF terminó pagando 902 millones de pesos por los costos locales contra los 583 millones que había arrojado la ingeniería de detalle realizada en 2010. Fueron 319 millones adicionales que lo previsto, 271 millones de pesos asignado a costos directos y 48 millones en gastos indirectos.
Por otro lado, el monto original del segundo contrato – destinado al desmontaje del coque incendiado – fue de 201 millones de pesos, aunque se trataba de un presupuesto realizado sin conocerse el daño real. Por este motivo, finalmente se pagaron 273 millones ante la necesidad de desmantelar casi toda la unidad en 14 meses.
