¿Y si desregulamos el precio del gas y petróleo en boca de pozo?

Días atrás, el CEO de YPF, Miguel Galuccio, destacó durante la IHS CERAweek 2016 que “el país e YPF presentan un portafolio sólido de negocios y atractivo” gracias a su barril criollo (precio local del crudo que actualmente se ubica entre 55 y 63 dólares, según su tipo) y “el precio de gas a 7,5 dólares el millón de BTU (mBtu)”.

Además de estos precios artificialmente altos comparados a los precios del mercado (34 dólares el West Texas Intermediate y 1,60 dólares el mBtu de Henry Hub), la nueva ley de hidrocarburos impulsada por YPF y aprobada a fines de 2014 por el Congreso Nacional otorgó un tope máximo de regalías a nivel nacional en vez de permitirle a las provincias seguir administrando sus propias regalías y así competir entre ellas, entre otros temas.   

El propósito de estas reformas del marco regulatorio tenían como objetivo promocionar la inversión y acercarse nuevamente al autoabastecimiento energético, ya que el país estaba gastando más de 10.000 millones de dólares anuales importando gas natural.

Sin embargo, y a pesar de todos estos incentivos financieros, las grandes inversiones que se necesitan para alcanzar nuevamente el autoabastecimiento y sacar provecho de los recursos no convencionales del país simplemente no llegan. Que YPF firme de vez en cuando un memorando de entendimiento con una empresa extranjera del sector no significa que ésta esté prometiendo inversiones firmes.

Algunos podrían argumentar que las reformas regulatorias impulsadas por la petrolera estatal y el último gobierno Kirchernista no funcionaron por la abrupta caída del precio del petróleo y el gas. Sin embargo, esto no debería haber afectado la inversión en el país ya que Argentina ofrece el barril criollo y un gas a 7,5 dólares el mBtu, entre otros beneficios adicionales ya analizados.

Dado que las políticas actuales no funcionan, propongo debatir lo siguiente: desregular el precio en boca de pozo para atraer inversiones, facilitar la competencia entre los productores y crear empleos bien remunerados con el objetivo de expandir la economía.

En el mundo existe el precedente de que desregular el precio de boca de pozo funciona y termina abaratando los precios.

En Estados Unidos, por ejemplo, tras mantener regulado el valor del gas natural en boca de pozo por cuatro décadas, el gobierno desreguló el control de precios a mediados de los años noventa para mitigar las importaciones y así lograr un mayor control sobre el origen de su oferta. 

Consecuentemente, esto derivó en nuevas exploraciones y producciones de gas. Con el tiempo, productoras independientes como Mitchell Energy invirtieron fortunas poniendo en jaque el futuro de estas y probando durante años viejas y nuevas tecnologías que dieron lugar a la explotación de los no convencionales en base a la fractura hidráulica. Actualmente, el precio del gas es el más bajo de los últimos 19 años a 1,60 dólares el mBtu y no se espera que toque el piso de los 3 dólares el mBtu hasta principios del 2019.

Algo similar sucedió en Colombia, donde probaron desregular el precio del gas en boca de pozo en ciertas regiones del país logrando así que el precio bajara de 5,65 dólares el mBtu a 3,97 el mBtu en 2014.

A mí no me gusta pagar de más por algo que debería valer menos, y me imagino que usted y yo por lo menos coincidimos en este punto.

Ahora bien, la administración del flamante presidente Mauricio Macri está llevando a cabo medidas económicas con el propósito de bajar el déficit fiscal, reducir la inflación y al mismo tiempo crear incentivos para la creación de empleo en el sector privado.  El objetivo final es dejar el estancamiento de los últimos años para que la economía vuelva a crecer.

Lamentablemente, hay algo que la administración de Macri está dejando de lado y esto parece ser el sentido común en cuanto a los precios artificialmente altos del petróleo y el gas.

Gracias al contrato de compraventa de gas natural firmado en 2006 entre YPFB y Enarsa con una duración de 21 años, actualmente el gobierno argentino le paga a Bolivia 3,89 dólares el mBtu debido al bajo precio actual del WTI.  Sin embargo, Argentina llegó a pagar 10,3 dólares el mBtu en 2014 y 11,2 en 2012. También, si Argentina quisiera, podría importar gas natural licuado de Estados Unidos por alrededor de 7,35 dólares el mBtu como hizo Brasil días atrás, aunque este es el precio del dia (spot price), no un precio de contrato como el de Bolivia, el cual seria tecnicamente más económico.

Como es sabido, al igual que el gas natural, el gobierno mantiene un precio del petróleo que está lejos de la realidad mundial.  A mi entender, los consumidores no se benefician, es más, parecen estar siendo penalizados.  Sólo Uruguay tiene los precios de combustibles más altos de América Latina después de Argentina, pero eso es en parte porque sólo tiene una refinería con una producción máxima de 40,000 barriles diarios y además tiene que importar todo su petróleo. En Argentina, los precios son altos por decisión del gremio, las productoras del sector y el gobierno nacional.

Por eso, me pregunto ¿cuánta gente se beneficia con estos precios artificialmente altos? 

De acuerdo a datos del Ministerio de Trabajo, 55.000 personas trabajaban en la extracción de petróleo crudo y gas natural en 2014. Mientras tanto, en el sector de agricultura y ganadería trabajaban más de 340.000 personas en 2014; en el de transporte lo hacían más de 365.000 personas y más de 460.000 en educación.

El salario de un maestro llegará a 8.500 pesos a partir del 1ro de Julio de este año, mientras que el obrero petrolero con menos experiencia comienza cobrando 16.000 pesos que, sumados a las horas extras y otros adicionales, llegan a 37.000 pesos.  Además, un obrero petrolero se puede jubilar a los 50 años, siempre que tenga un mínimo de 25 años de antigüedad.

En épocas de vacas flacas, inflación anual de dos dígitos y con todavía restricciones al capital internacional barato, la economía argentina se podría beneficiar pagando mucho menos de lo que paga ahora por los combustibles.

Si no, pareciera que 43 millones de personas mantienen a 55.000 petroleros que ya gozan de algunos beneficios extraordinarios como la jubilación a los 50 años y cobrando uno de los salarios más altos.

La Argentina tiene una de las mayores reservas de hidrocarburos no convencionales del mundo, pero a pesar de las reformas del marco regulatorio de 2014 y los incentivos financieros, las grandes inversiones todavía no han llegado al sector.

La desregulación del precio de los hidrocarburos en boca de pozo debería atraer inversiones que faciliten la creación de empleo y competencia entre las productoras, y así beneficiar a todos los argentinos en lugar de solamente a algunos.