La Cámara de Diputados de Brasil aprobó la reforma en la ley petrolera, que permite el control de las empresas extranjeras en los mega-yacimientos submarinos e implica la reducción de la participación de la petrolera estatal Petrobras.
El proyecto del canciller José Serra fue votado por 292 contra 101 y 1 abstención, y retira la obligatoriedad de Petrobras en operar con al menos 30 por ciento, como marca la ley actual, en todos los campos petroleros descubiertos en 2007, y que configuran el nuevo horizonte de los hidrocarburos de Brasil.
La medida era una de las apuestas políticas del presidente Michel Temer para mostrar una legislación petrolera que redujera la participación estatal, y aumentara la de las petroleras extranjeras en los campos de petróleo ubicados a 6.000 metros de profundidad, en la capa geológica presal.
La medida fue rechazada por los partidos de izquierda y de varios parlamentarios independendientes, además de la Federación Única de los Petroleros (FUP). Luego de varias horas de discusión, el gobierno logró destrabar la decisión que ya había sido aprobada en el Senado.
"Petrobras no tiene capacidad financiera para ser obligatoriamente la operadora única del presal, ya que tiene una deuda de cerca de unos 27.000 millones de dólares. Esto la torna una empresa inviable", dijo el relator de la propuesta, el diputado Carlos Aleluia, del conservador Demócratas, aliado a Temer.
El nuevo gobierno de Temer puso al frente de Petrobras a Pedro Parente, un ex funcionario de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) que anunció una reducción del 25% en la inversión de la empresa hasta 2020 y comenzó a vender activos, como el gasoducto del sudeste a la canadiense Brookfield.
La empresa, eje de una investigación por corrupción y sobornos en contratos, es la líder mundial en exploración petrolera offshore.
La región del presal, frente a las costas de los Estados de San Pablo y Río de Janeiro, por su alta calidad (28 grados API) está bajo una ley de 2010 del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva para que la explotación tenga al menos 30 por ciento de participación de Petrobras en los consorcios.
Estos campos petroleros, a diferencia de los terrestres, tienen el régimen de división de lucro y no de royalties, con lo cual el Estado recibe directamente dinero del petróleo extraído por el consorcio operador.
Hasta el momento, apenas fue concedido un campo petrolero, llamado Libra, a 170 kilómetros de la costa de Río, con capacidad para la producción de entre 8.000 y 12.000 millones de barriles de crudo, en un consorcio entre Petrobras, las chinas CNPC y CNOOC, la francesa total y la anglo-holandesa Shell.