El ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva fue detenido brevemente para ser interrogado en el marco de una investigación federal de un gran esquema de corrupción, agravando una crisis política que amenaza a la presidenta Dilma Rousseff.
El interrogatorio a Lula bajo custodia policial ha sido la gestión de más alto perfil de una amplia investigación que ha sacudido a la clase política y empresarial de Brasil, profundizando la peor recesión en décadas en la mayor economía de América Latina.
La investigación amenaza con empañar el legado del político más poderoso de Brasil, cuyas raíces humildes y programas para combatir la pobreza lo convirtieron en un héroe popular, al poner en duda cómo su izquierdista Partido de los Trabajadores consolidó su posición desde que llegó al poder hace 13 años.
La policía fue a buscar a Lula en su casa en las afueras de Sao Paulo y lo liberó después de tres horas de interrogatorio.
En un comunicado, la Policía Federal dijo que hay pruebas que sugieren que el ex presidente recibió beneficios ilícitos de comisiones ilegales de la petrolera estatal Petróleo Brasileiro SA (Petrobras) en forma de pagos y bienes raíces de lujo.
"El ex presidente Lula, además de ser el líder del partido, fue el responsable final de la decisión sobre quiénes serían los directores de Petrobras y fue uno de los principales beneficiarios de estos delitos", dijo la policía en un comunicado.
"Hay evidencia de que los delitos lo enriquecieron y financiaron campañas electorales y al tesoro de su grupo político", agregó.
La evidencia en contra de Lula también acerca la investigación a su protegida y sucesora, la presidenta Dilma Rousseff, que está luchando para evitar un juicio político y haciendo esfuerzos para sacar al país de su peor crisis económica en décadas.
Las noticias sobre la detención de Lula provocaron fuertes alzas de los activos brasileños, porque los operadores apuestan a que la agitación política puede permitir la consolidación de una coalición más favorable al mercado.
La fundación de Lula, que ha negado cualquier irregularidad de parte del ex presidente, dijo en un comunicado que su detención era "una agresión contra la ley y la sociedad brasileña". El arresto "es arbitrario, ilegal e injustificable, además de una afrenta a la Corte Suprema", indicó.
Líderes del Partido de los Trabajadores salieron en defensa del ex presidente. El ministro de Trabajo, Miguel Rossetto, dijo que la detención era "un claro ataque a lo que Lula representa".
"Esto no es justicia, esto es violencia", agregó en una declaración pública.
En la calle fuera de la casa de Lula en el estado de Sao Paulo, seguidores vestidos con camisas rojas intercambiaron cantos, insultos e incluso golpes con detractores, lo que subraya las profundas pasiones políticas en torno al ex presidente.
