El fiscal general de Brasil pidió al Supremo Tribunal Federal que abra una investigación a la presidenta Dilma Rousseff en el marco del caso de corrupción en la petrolera estatal Petrobras, reportó Globo News.
Rousseff, que podría ser depuesta de su cargo a finales de este mes por la acusación no ligada con Petrobras de haber violado las leyes de presupuesto del país, había evitado previamente ser arrastrada en la investigación de corrupción más grande en la historia de Brasil.
La solicitud será analizada por el juez Teori Zavascki y no es pública, ya que se basa en unas llamadas telefónicas grabadas entre Rousseff y el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva que son secretas, informó el sitio de noticias G1.
La investigación a Rousseff y Lula podría empañar el legado de más de una década en el poder del Partido de los Trabajadores, eclipsando unos avances significativos en la reducción de la pobreza en la mayor economía de América Latina.
El diario Estado de S. Paulo reportó que el fiscal general de Brasil, Rodrigo Janot, acusó a Lula de participar en un plan para impedir que el ex ejecutivo de Petrobras Nestor Cervero colaborara con la investigación.
Decenas de ejecutivos de la construcción han sido acusados de cobrar de más a Petrobras por su trabajo y haber usado los excedentes de fondos para sobornar a políticos, un escándalo que ha provocado una crisis política explosiva y ha incrementado los llamados para que se destituya a Rousseff.
La oficina del fiscal general no confirmó la acusación o la solicitud de investigar a Rousseff.
El Supremo Tribunal Federal confirmó que Janot pidió que Lula y varios de los ministros de Rousseff sean investigados formalmente, incluido el jefe de Gabinete, Jaques Wagner, el ministro a cargo de asuntos legislativos, Ricardo Berzoini, y su portavoz, Edinho Silva.
Janot está ampliando la investigación en gran medida por el testimonio del senador Delcidio do Amaral, que decidió colaborar con la investigación a cambio de una sentencia más leve. El tribunal ya estaba investigando unos 50 políticos, incluidos los líderes de ambas cámaras del Congreso.
