El Gobierno y las principales petroleras que operan en el país firmaron un acuerdo a través del cual el Estado se compromete a pagarles 1.300 millones de dólares para saldar las deudas correspondientes a programas implementados durante la administración de Cristina Kirchner.
Por su parte, las petroleras de han comprometido a mantener la producción de crudo Escalante y gas en la Cuenca del Golfo de San Jorge, y preservar los puestos de trabajo.
Luego de firmar el acuerdo, el subsecretario de Coordinación del Ministerio de Interior, Ricardo Delgado, afirmó que "el Gobierno reconoce una deuda con las operadoras y esperamos que las empresas mantengan los niveles de actividad y el compromiso del trabajo en la región".
Según establece el acuerdo firmado por el ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, con ejecutivos de la petrolera estatal YPF y Pan American Energy (PAE), “se instrumentará un decreto de pago de la deuda del Plan Gas, programa de Petróleo Plus y programa de estímulo a la producción de petróleo en 2015 y 2016”.
El Inversor Online informó que además se cancelarán las acreencias a favor de las empresas beneficiadas por el Plan Hogar.
La suma total calculada es de 1.300 millones de dólares, y se planea cancelar mediante la emisión de títulos de Bonar 2018 y 2024.
El diario Clarín indicó que el Gobernador de Chubut, Mario Das Neves, aseguró luego del encuentro que "hay compromiso para aumentar los volúmenes de producción y por ello las operadoras volverán a poner en funcionamiento los equipos de trabajo en los diferentes yacimientos de la Cuenca del Golfo San Jorge para preservar la actividad económica y las fuentes de empleo".
INCENTIVOS PETROLEROS
Otro punto del polémico acuerdo reconoce un reembolso a las petroleras que exportan crudo a través de puertos patagónicos, beneficio que había sido suspendido durante más de 10 años hasta que la ex presidenta Kirchner la reactivó a fines del año pasado.
Este beneficio establece que aquellos productores que exporten crudo desde los puertos de Comodoro Rivadavia y Santa Cruz podrán cobrar un reintegro de entre el 9 y 12 por ciento del precio de venta.
La polémica se desata ya que este beneficio fue otorgado bajo la Ley 23.108, redactada en 1983 durante la última dictadura militar, en otro contexto histórico y con un objetivo diferente al actual.
