El juez federal Sergio Moro, quien supervisa la controversial investigación sobre sobornos en la petrolera estatal Petrobras, tiene en su poder una de las decisiones más importantes para la política de Brasil: el posible arresto del ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva.
Fiscales estatales de Sao Paulo pidieron la semana pasada una orden de arresto contra Lula, tras acusarlo de lavado de dinero e identidad fraudulenta por ocultar la propiedad de un departamento frente a la playa, en un proceso separado de la investigación supervisada por Moro en la ciudad de Curitiba.
Poco después del cambio de jurisdicción, dos asesores presidenciales dijeron a Reuters que la mandataria Dilma Rousseff esperaba que Lula, su predecesor y mentor político, aceptara una posición en su gabinete en las próximas horas. El cargo le daría inmunidad frente a Moro, pero no ante la Corte Suprema.
La jueza de Sao Paulo Maria Priscilla Oliveira dijo en su decisión que el caso de los fiscales del Estado tenía una "conexión innegable" con la investigación de Petrobras, en la que decenas de ejecutivos de la construcción planearon una trama para desviar dinero de Petrobras para sobornar a funcionarios.
Moro ya permitió que la policía federal detuviera a Lula para interrogarlo, luego que los fiscales argumentaron que se habría beneficiado la trama de Petrobras.
El ex presidente ha negado que el apartamento le pertenezca, ha dicho que no cometió ningún delito y argumentó que la investigación tiene un sesgo político.
La investigación sobre Lula reforzó los llamados para que Rousseff renuncie o sea sometida a un juicio político. Miles de manifestantes contra el Gobierno inundaron las calles el domingo en varias ciudades de Brasil.
