Crystallex busca cobrar una indemnización de 1.400 millones de dólares por las pérdidas sufridas tras una disputa de una década, luego de que su operación de oro en el país sudamericano fue nacionalizada en el 2008 por parte del fallecido presidente Hugo Chávez.
Chávez retiró las concesiones de oro y se hizo cargo de las operaciones de Crystallex y de muchas otras compañías internacionales, acusando a las mineras de dañar el medio ambiente y violar los derechos de los trabajadores.
El juez Leonard P. Stark, del Tribunal del Distrito de Delaware, en Estados Unidos, aceptó la solicitud de Crystallex, pero suspendió emitir un mandato judicial con una orden de confiscación hasta que las partes le aconsejen cómo proceder. El juez también permitió que las partes propongan una decisión redactada antes de emitir su dictamen.
Russ Dallen, de la firma de corretaje Caracas Capital Markets, indicó que el fallo podría desencadenar una disputa por parte de una lista de acreedores a quienes les adeudan unos 65.000 millones de dólares en bonos que Venezuela ha dejado de pagar en el último año.
El abogado de Crystallex, Bob Weigel, declinó hacer declaraciones. PDVSA no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. Una fuente cercana a PDVSA dijo que la compañía con sede en Caracas está evaluando una apelación.
Venezuela entregó a la rusa Rosneft el 49,9 por ciento de Citgo en garantía a cambio de un préstamo por 1.500 millones de dólares hace dos años. El 50,1 por ciento restante de los papeles de Citgo es el colateral para los tenedores del bono 2020 de PDVSA.
El Gobierno venezolano tiene pocos activos extraterritoriales, lo que ha alentado a sus acreedores a considerar formas de buscar compensaciones a través de Citgo, una filial de PDVSA. Citgo, con sede en Houston, fue valorada en hasta 10.000 millones de dólares durante un frustrado proceso de venta en el 2014.
Citgo tiene tres refinerías en Louisiana, Texas e Illinois, y tiene además una red de unas 10.000 estaciones de servicio en todo el país. Crystallex no obtendrá la totalidad de Citgo, pero Venezuela podría verse obligada a liquidarla para cumplir con la orden judicial.
