La sábana corta se podría definir a la decisión que el gobierno nacional tomó un año atrás cuando el peso de los costos de las políticas energéticas se trasladó a los consumidores. El aumento que implció subidas de hasta 300% en la factura de gas de los clientes residenciales no resolvió el problema de las distribuidoras como Metrogas, porque tras ese aumento, el gobierno autorizó el incremento del precio en boca de pozo, que significó hasta un 500% más.
Hoy, las empresas productoras de gas de Argentina reclaman por la creciente deuda que los distribuidores mantienen y perciben que no hay fondos suficientes para afrontar esa cuenta que ronda los $1.500 millones, publica El Inversor.
La carta enviada al gobierno tiene varios destinatarios, entre ellos la Secretaria de Energía, Mariana Matranga, el interventor del Enargas, Antonio Pronsato y el Subsecretario de Combustibles, el sociólogo Gastón Ghioni (quien ya está al tanto del problema desde comienzos del año y ha prometido una solución que no llega). La misiva lleva la firma de Oscar Vicente, el presidente de la CEPH.
Las decisiones en materia energética durante la gestión de gobierno iniciada en 2003 han sido siempre cuestionadas y el resultado está a la vista: déficit en todas las áreas energéticas, fundamentalmente gas y petróleo.
Las distribuidores como Metrogas, Ecogas y LItoral Gas dejaron de pagar el fluido que adquieren a las productoras, fundamentalmente YPF, Total, PAE y Wintershall como consecuencia de que los ingresos de caja no alcanzan a cubrir los costos operativos, como consecuencia del desfase producido por los aumentos autorizados a los clientes residenciales (que llegaron al 300%), mientras que la misma autorización para aumentar el gas en boca de pozo alcanzó incrementos de 500%.
El desfase de las distribuidoras empezó a percibirse en agosto de 2014. El sistema establecido permite que las empresas paguen a 120 días, pero desde que el impacto de los aumentos en boca se pozo se hizo sentir, las cuentas comenzaron a atrasarse por encima de esos plazos (el método de pago es 30% a 30 días, otro 30% a 60, 25% a los 90 y 15% a los 120 días).
Los productores se ven presionados porque no pueden cortar el servicio, ya que esto impactaría en toda la cadena de producción y consumo del país, los distribuidores se defienden diciendo que sus números están totalmente en rojo porque las tarifas mantienen su atraso, el gobierno ya castiga mes a mes a los argentinos con tasas de inflación de 2% mensual y aumentos autorizados en prepagas, colegios y sin ajustar el mínimo no imponible de ganancias.
La carta enviada por la Cámara solicita una reunión con las autoridades para destrabar el conflicto, que posiblemente se resuelva con una nueva intervención en el mercado energético.
