España se divide por el ‘fracking’

Cantabria, La Rioja, Navarra, Cataluña, Galicia, Aragón y Andalucía, siete comunidades autónomas españolas, han legislado contra la fracturación hidráulica (‘fracking’), una técnica cuestionada por los gobiernos regionales a partir de los posibles impactos medioambientales. Sin embargo, el Tribunal Constitucional ya ha anulado buena parte de estas leyes y el gobierno español incentiva esta técnica con nuevas tasas sobre la extracción de hidrocarburos que beneficiarán a comunidades autónomas, ayuntamientos (municipios) y propietarios del suelo.

La primera comunidad autónoma que legisló e impidió el uso del ‘fracking’ fue la de Cantabria, en abril de 2013, pero un año después de esa decisión, el Tribunal Constitucional la declaró inconstitucional. La sentencia no valora si el uso de esta técnica es o no adecuado, lo que dice es que la ordenación del sector energético y del subsector gasístico es una competencia exclusiva del Estado y Cantabria ha invadido. Un mes después, la Rioja dio el mismo paso y aprobó una ley similar. En julio de 2014, el Constitucional la anuló.

En octubre de 2013, el gobierno de Navarra aprobó su ley ‘antifracking’. La Administración central también la apeló y, en septiembre de 2014, el Constitucional suspendió la norma.

En Cataluña, ya en 2014, la administración autonómica optó por introducir la prohibición de la fracturación hidráulica en una ley de medidas fiscales, administrativas, financieras y del sector público. El Ejecutivo español también apeló al TC y el pasado 19 de noviembre se ordenó la suspensión provisional de la norma. El mismo órgano judicial declaró inconstitucionales las leyes riojana y cántabra por la que se regulaban en sus respectivos territorios la prohibición del fracking.

También en febrero el Parlamento de Galicia aprobó también en febrero una moratoria contra esta técnica hasta que “no se garantice la inocuidad y seguridad”.

La comunidad de Aragón dio luz verde en abril a su plan energético hasta 2020 en el que se fija que la investigación de yacimientos no se hará por ‘fracking’ "hasta que la UE determine las condiciones técnicas que garanticen la protección, la salud y el medio ambiente".

La última en legislar fue Andalucía. Izquierda Unida (IU) defendió prohibir en todo el territorio andaluz la realización de actividades de prospección, exploración, investigación o explotación de hidrocarburos y gases roca que suponga la utilización de ese controvertido método, pero sus 12 diputados acabaron votando a favor de una iniciativa del grupo socialista que defiende no la prohibición sino una moratoria de dos años, que puede ser prorrogada, “hasta tanto no existan estudios científicos que determinen, con el máximo nivel de certeza” que la utilización del ‘fracking’ “no tiene afección negativa para las personas, las aguas y el medio ambiente en general”. 

Durante el mes de diciembre, el Parlamento del País Vasco tiene previsto debatir una ley que prohibiría el ‘fracking’, que ha llegado hasta la Cámara gracias a una iniciativa legislativa del Partido Popular (PP).

EL GOBIERNO ESPAÑOL INCENTIVA EL 'FRACKING'

Contrariamente, el gobierno español aprobó un proyecto de ley de modificación de la ley de hidrocarburos donde se recogen incentivos fiscales para municipios y comunidades con yacimientos en sus territorios, incluidos los extraídos mediante ‘fracking’.

La reforma de la Ley del Sector de Hidrocarburos promete millones de euros para las zonas en las que finalmente se extraigan hidrocarburos a través de la creación de nuevas tasas y de la reforma de algunos cánones existentes, beneficiando a las comunidades, los Ayuntamientos y los propietarios de los terrenos que recibirán parte de lo que se recaude con esas tasas, aunque sólo en el caso de que finalmente las compañías pongan en marcha los proyectos de extracción. El objetivo del Ministerio de Industria es que "las rentas económicas derivadas de los yacimientos de hidrocarburos reviertan también en el conjunto de la sociedad".

Según los cálculos del ministro de Industria y presidente del PP de Canarias, José Manuel Soria, la Administración de las islas podría recibir entre 300 y 400 millones de euros en el caso de que Repsol encuentre petróleo y decida explotar el yacimiento. 

En España hay cerca de medio centenar de permisos concedidos para llevar a cabo prospecciones en Asturias, Cantabria, Castilla y León, el País Vasco, Aragón, Cataluña y Castilla La Mancha y otros tantos solicitados en las mismas regiones más la Comunidad Valenciana y Navarra.