Bajar el costo argentino para atraer inversiones

Como habían anticipado tras las elecciones presidenciales, el gobierno de Cambiemos adoptó rápidamente una serie de medidas con el objetivo de estimular la economía cuanto antes, y suspendió políticas que disuadían al mercado de operar normalmente dada la cantidad de obstáculos y controles de mercado que el gobierno kirchnerista se había acostumbrado a implementar.

Entre otras cosas, la administración de Mauricio Macri levantó sin demoras el cepo cambiario, dejó flotar el precio del dólar, bajó las retenciones a la exportación de cereales y, tal vez para sorpresa de muchos, en poco tiempo llegó a un acuerdo con los tenedores de bonos para sacar finalmente al país del default en el que se encontraba desde el 2001.

Al mismo tiempo, para bajar el déficit fiscal heredado – 7 por ciento del PBI, un nivel récord – el gobierno de Cambiemos suspendió subsidios en diferentes sectores de la economía como el de energía, con la excepción del precio del barril criollo, que junto a la devaluación impulsó el precio de los combustibles por encima del 30 por ciento este año.

En nombre del sinceramiento económico, todo esto era necesario. La economía estaba camino a imitar a la actual Venezuela, ya que las políticas económicas del gobierno anterior eran insostenibles, literalmente hablando. Los recursos del Tesoro y luego los fondos de pensión – expropiados por el último gobierno – financiaron el déficit fiscal de los últimos años. Cuando se acabaron los fondos, comenzaron a imprimir moneda tal vez para esconder los males de fondo, desembocando en un incremento de la inflación.

Ahora bien, seguramente a la mayoría de la población argentina le importan poco y nada los conceptos económicos. Lo que más le importa a la población es tener trabajo, que este sea bien remunerado y que haya cierta estabilidad económica para así aspirar a subir su poder adquisitivo.

Por este motivo, no resulta extraño que una de las prioridades de la gestión de Macri tras la salida del default sea estabilizar la economía y bajar la inflación, para atraer inversiones que generen miles de puestos de trabajo en el corto plazo. 

Sin embargo, no habría que caer en la tentación de pensar que un nuevo gobierno, los recursos potenciales de Vaca Muerta o la salida del default son variables lo suficientemente fuertes como para atraer inversiones multimillonarias.  

Nuestro país tiene mucho que hacer todavía para estimular las inversiones. Por un lado, tiene que bajar la asfixiante carga tributaria y, por el otro, buscar limitar los beneficios excesivos y el poder de algunos sindicatos petroleros.

CARGA IMPOSITIVA 

Según un reporte de la consultora Deloitte, Argentina posee uno de los índices más altos de cargas impositivas en el mundo. El país cobra un 35 por ciento de impuesto a las ganancias corporativas, un 21 por ciento de  IVA y a esto habría que agregarle los notorios incrementos a nivel provincial, como Ingresos Brutos y las tasas municipales. Sin embargo, Uruguay y Paraguay, dos de los socios del Mercosur que ya exportan más carne que la Argentina, tienen un impuesto a las ganancias corporativo de 25 por ciento y 10 por ciento, respectivamente. 

Alguien podría argumentar, claro, que en Estados Unidos la tasa de impuesto a las ganancias corporativas es también oficialmente del 35 por ciento. Sin embargo, un estudio reciente del Government Accountability Office (GAO), concluyó que en realidad muchas corporaciones pagan cerca de 15 por ciento en ganancias dados los diferentes subsidios que ofrece el gobierno nacional para crear empleo, exportar y/o producir ciertos productos, o bien por el tamaño de la empresa. Por eso, una PyME paga menos impuestos que una multinacional y algunas empresas dueñas de oleoductos pagan 28 por ciento en lugar de 35 por ciento debido a su estructura corporativa equivalente a una SRL en Argentina. Además, no existe un IVA único en el país, cada estado lo regula, comúnmente su valor es de alrededor de un 6 por ciento, pero algunos directamente no lo cobran. 

Después de Uruguay, Argentina tiene el IVA más alto de América Latina. Los países con los que competimos para atraer inversiones petroleras tiene uno mucho menor al nuestro. México y Colombia, por ejemplo, tienen del 16 por ciento, mientras que en Ecuador y Venezuela cobran un 12 por ciento. Para atraer inversiones importantes y competir con otros países de la región, es necesaria una reforma tributaria.

EXCESO DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PETROLEROS

Adicionalmente, el costo de la explotación petrolera está lejos de ser altamente productivo. Por ejemplo, un costo impensable en otras partes del mundo es el generado por la nueva edad jubilatoria de los obreros petroleros, ley que permite que se jubilen a partir de los 50 años con 25 de antigüedad. Además, es bien conocido que los sindicatos de los trabajadores del sector imponen la contratación de más personal del que es necesario para trabajar en los pozos haciendo que estos sean más costosos e ineficientes de operar.

No es novedad que los pozos argentinos son más caros que en otras partes del mundo.  “La Argentina enfrenta un enorme desafío en materia de costos.  Los pozos que acá cuestan más de 7 millones de dólares, en EEUU no valen más que 4 millones”, explicó un ejecutivo del sector recientemente. 

Por motivos cíclicos del mercado petrolero, la actual abundancia mundial de hidrocarburos y ciertos acontecimientos geopolíticos, las empresas del sector se vieron obligadas a hacer ajustes para bajar costos y disminuir sus pérdidas. Sin embargo, en Argentina parece ser que los trabajadores petroleros no perciben a su industria como una industria de commodities que compite con el resto del mundo. Por eso, cada vez que las empresas del sector necesitan planificar y hacer ajustes a sus operaciones, algunos sindicatos petroleros prepotentemente implementan medidas de fuerza, cortan suministros al resto del país, amenazan con destruir propiedad privada y buscan que el gobierno nacional los asista para que no haya pérdidas de empleo, como si estos puestos laborales estuvieran garantizados de por vida. 

La industria petrolera del país no está aislada de lo que pasa en el resto del mundo y la Argentina no está en condiciones económicas de seguir pagando de más por el Medanito o subsidiar la exportación del Escalante. 

Como si fuera poco, según el Centro de Estudios Patagonia, los consumidores transfieren entre 3.500 y 4.000 millones de dólares anuales a las empresas petroleras que emplean alrededor de 55.500 trabajadores. En otras palabras, 41 millones de argentinos pagan mucho más por algo que debería valer menos, subsidiando así a las mayores empresas del país y a un número pequeño de empleados que en épocas de vacas gordas tienen los sueldos más altos para un obrero.

Argentina tiene potencial suficiente como para atraer nuevas inversiones en el corto plazo, pero para lograrlo deberá aplicar una reforma tributaria seria que permita bajar el costo de hacer negocios en la Argentina y ser más competitivos, además de una reformulación sobre los derechos y la influencia que ejercen ciertos sindicatos en el sector petrolero.