El sector energético frente al 2017 – Parte I

Antes que asumiera el nuevo gobierno y aún antes que se conociera el ganador de las elecciones presidenciales había bastante consenso respecto a que el despegue de la economía se iba a sostener en tres pilares fundamentales: el complejo agroindustrial, la inversión pública y el sector energético/minero.

El gobierno electo dio sus primeros pasos dando por válido este supuesto. Una de las primeras medidas tomadas fue la eliminación de retenciones para el sector excepto para la soja, para la cual se estableció un cronograma de reducción. Como era de esperar, el sector agroindustrial dio las primeras señales de reactivación, siendo quizás el único sector relevante de la economía que creció significativamente durante 2016.

En el caso de la obra pública, el gobierno anunció el Plan de Obra Pública “más importante de la historia” (en nuestro país cambia la ideología de los gobiernos, pero siempre persiste la tentación infantil de apropiarse de la fórmula del dulce de leche). Comprensiblemente la primer parte del 2016 se le fue al gobierno “ordenando” la herencia, poniendo al día los pagos de obra pública que había “pisado” el gobierno saliente y diseñando un esquema que “promete” ser más transparente que el anterior. La segunda parte del año mostró el “arranque” de la Obra Pública y ello despierta buenas expectativas para el 2017.

Así, agroindustria y obra pública ya están en línea, pero sigue faltando el sector minero/energético. ¿Por qué este sector despierta expectativas positivas? Porque el país dispone de recursos potenciales. Aún cuando el mundo entre en una fase “proteccionista” liderado por la administración de Donald Trump en Estados Unidos, como los recursos minerales o hidrocarburíferos están ubicados físicamente en determinados lugares poco se puede discutir sobre “dónde” se producirán. Un país puede discutir y competir con otros para determinar “dónde” se instala una planta automotriz, una autopartista o una fábrica de componentes electrónicos. Pero en el caso de los recursos naturales, la ubicación física no puede alterarse. La competencia entre países en este segmento de la economía viene dada por su capacidad para atraer inversiones. Los recursos mineros/hidrocarburíferos se explotan o permanecen ociosos pero no migran.

El gobierno rápidamente bajó las retenciones al sector minero, pero no hubo en todo 2016 inversiones relevantes. Algunos anuncios, palmadas en la espalda de los funcionarios públicos, buena impresión por parte de potenciales inversiones respecto a la orientación general del gobierno, pero poco o nada en términos de desembolsos efectivos. No pareciera que desde las políticas públicas sectoriales pueda hacerse más por la minería. Todo indicaría que los inversores están esperando que el país ordene su macroeconomía y ofrezca (a juicio de los inversores) condiciones de mediano plazo que hagan viables inversiones concretas. En este aspecto, hay dos variables que el gobierno local no maneja: el precio internacional de los minerales y el acceso al capital por parte de potenciales interesados. Dicho de otra manera, aún cuando el Estado intente sentar las bases para atraer inversiones mineras, puede que ellas no se realicen por factores exógenos.

El sector energético en general muestra, en una visión optimista, ciertos contrastes. El establecimiento de una tarifa social sienta las bases indispensables para avanzar con los necesarios ajustes de tarifas protegiendo a los sectores más vulnerables en términos de ingresos. Obviamente los criterios de inclusión/exclusión en las tarifas sociales pueden ser opinables o discutibles. Aun aceptando que habría mucho por mejorar, tener una tarifa social es un buen punto de partida. En general es más fácil mejorar lo que existe a tener que empezar de cero.

En el sector eléctrico se realizaron licitaciones para incorporar potencia térmica y energías renovables. Ambas licitaciones podríamos calificarlas como exitosas. Por primera vez en mucho tiempo, primero se harán las inversiones y las mismas sólo se empezarán a repagar cuando se habiliten las unidades de generación. Todo el riesgo de construcción lo enfrentan los privados. Resta ver si las distintas inversiones comprometidas se habilitan en tiempo y forma y si se pueden cumplir los cronogramas comprometidos; y si estos no llegaran a cumplirse, habrá que ver qué postura adopta el Estado frente a potenciales incumplimientos.

Las licitaciones de energías renovables son el segundo paso a “gran escala” que da nuestro país en su esfuerzo por diversificar la matriz energética luego del corte de combustibles líquidos en base a Biodiesel para el caso del Gas Oil y de Bioetanol para el caso de las Naftas. Se comprometieron proyectos por más de 2.400 Mw y a precios bien inferiores a los que pagaba el gobierno anterior.

Ahora bien, los problemas de remuneración de la capacidad instalada de generación siguen estando. Los Mw de energías renovables a incorporar no solucionan el problema de disponibilidad de potencia del sistema eléctrico, pues el factor de uso de los proyectos eólicos y solares presentados no llegan siquiera al 45 por ciento, lo cual es un factor de uso muy alto para este tipo de energías, pero insuficiente para un sistema de generación que está despachando como “base” a centrales que sólo debieran usarse esporádicamente en los picos de demanda.

Las noticias respecto a las centrales hidroeléctricas que estaban “prontas” a iniciar su construcción no fueron buenas. Chihuidos se quedó sin financiamiento. Las Centrales Kirchner/Cepernic primero fueron reconfiguradas y ahora paradas hasta que los polémicos estudios de impacto ambiental sean aprobados. De las nuevas centrales nucleares no hay muchas novedades.

Lo hecho durante 2016 en materia de generación eléctrica podría considerarse un buen primer paso, pero durante el 2017 habrá que redoblar esfuerzos si lo que se quiere es empezar a corregir las debilidades del sistema de generación eléctrica. Hay que tener presente que hoy día el sector energético que más subsidios concentra es justamente el segmento de generación de energía eléctrica.

En lo referido a las tarifas de transporte y distribución de Edenor y Edesur y a las tarifas de transporte y distribución de Gas Natural de todo el país, el 2016 se caracterizó mas por discutir el capricho del gobierno de no querer cumplir con la Constitución y no hacer las audiencias públicas que de discutir el fondo de la cuestión. Puestas las cosas en su lugar por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ambos Entes Reguladores (ENRE y ENARGAS respectivamente) están abocados a terminar las RTIs (Revisiones Tarifarias Integrales). Ambas RTIs deberían finalizar este año y sólo quedaría por determinar si las tarifas de transporte y distribución llegarán a su nivel “técnico u óptimo” durante el 2017 o lo harán en un sendero que insuma más de un año.

En cualquier caso, pareciera que 2017 sería el año en el cual estos segmentos de la industria.