El segmento de producción de hidrocarburos y el rol de la petrolera estatal YPF presentan fuertes desafíos para el 2017. Durante el 2016 se profundizó la caída en el nivel de actividad del sector, a pesar de la vigencia del barril criollo y los fuertes incrementos en los precios en boca de pozo para el Gas Natural.
Medidos a nivel de boca de pozo, los productores de hidrocarburos en Argentina reciben el precio promedio por sus hidrocarburos en boca de pozo más alto del mundo y sin embargo ello no permitió aún revertir la tendencia declinante en el nivel general de actividad. El caso más notable es YPF, que bajó un 25 por ciento sus inversiones en 2016 respecto a 2015.
Desde la expropiación del 51 por ciento del capital accionario de YPF y el surgimiento a los ojos del mundo de la “potencialidad” de Vaca Muerta (forma coloquial de referirse a la potencialidad de nuestro país en materia de recursos de hidrocarburos no convencionales), no hemos podido “encontrarle la vuelta” como país. El Gobierno anterior y el actual prometieron lo obvio, que vía el desarrollo de esos recursos podría estructuralmente cambiar la dinámica del sector y también incluso geoespacialmente nuestro país por lo que este desarrollo podría implicar, solo para citar un ejemplo, para la Provincia del Neuquén.
En 2013 cuando se empezó con el Plan Gas se fijó un valor de 7,5 dólares por MMBTU para el cálculo del denominado “gas adicional”. Se suponía que en ese momento era el valor necesario para que YPF pudiera llevar adelante su plan quinquenal que presuponía un nivel de inversiones del orden de los 7.000 millones de dólares anuales. En ese momento el valor del crudo estaba por encima de los 80 dólares por barril.
El valor del barril cayó internacionalmente, y con ello ciertos costos locales asociados al valor del crudo, el precio promedio del Gas Natural que reciben los productores por fuera del Plan Gas también creció. Sin embargo las inversiones no aparecieron en las magnitudes esperadas. YPF, que estaba llamada a liderar el proceso, bajó incluso inversiones en los últimos años.
En paralelo, ante la caída del valor internacional del valor del crudo, el Gobierno anterior acordó con los productores y las provincias petroleras un valor para el crudo local superior al internacional. Coloquialmente esto se conoce como barril criollo. El objetivo anunciado fue sostener el nivel de actividad y el ritmo de inversiones. Ante el fracaso de este incentivo el gobierno anunció que en el transcurso de este año los valores del crudo local se alinearán con los valores internacionales.
A pesar del precio recibido por los hidrocarburos en boca de pozo, el ritmo de inversión se redujo los últimos dos años. Un precio más alto que los valores internacionales (tanto para el petróleo como para el Gas Natural) no fue suficiente para que las empresas reviertan la tendencia declinante en las inversiones, mucho menos para que el desarrollo a gran escala de nuestros recursos no convencionales se hiciera realidad.
En los últimos días el gobierno anunció un acuerdo mediante el cual se cambian ciertas condiciones laborales aplicables a tareas vinculadas con los hidrocarburos no convencionales. La esperanza expresamente anunciada por el gobierno es que ya estarían dadas las condiciones para “ahora sí” lanzar el desarrollo a gran escala de los recursos hidrocarburíferos no convencionales. Ojalá esta vez sea cierto. La historia reciente no permite ser muy optimistas.
Hasta ahora todas las medidas tomadas “en favor” del desarrollo de los “no convencionales” no resultaron. Cambios en la Ley de Hidrocarburos, precios altos para el crudo, precios altos para el gas en boca de pozo, nada fue suficiente. Ahora las condiciones laborales. ¿Si el cambio de las condiciones laborales era indispensable, por qué no se allanó primero esa cuestión antes de transferir renta de los consumidores a los productores? No parece lógico que en un contexto recesivo se transfiera renta de un sector (la demanda) a otro (la oferta) si se sabe que quien recibe los recursos no los vuelca de nuevo al mercado. Esto es exactamente lo que pasó con el upstream petrolero en los últimos años. En 2017 debería empezar a revertirse la tendencia, de lo contrario las luces de alarma empezarán a encenderse.
Es dable mencionar la diferencia marcada que hay entre el sector eléctrico y el petrolero. En el caso de las medidas en el sector eléctrico los privados deben hacer inversiones y poner la oferta a disposición antes de cobrar los nuevos precios. En el caso del upstream petrolero, el mecanismo es el inverso. Se les da precio a las empresas con la “esperanza” de que hagan inversiones, pero sin certeza alguna de que las mismas se harán. Es más, mientras el gobierno alienta el aumento de las inversiones en el sector, YPF -que es la empresa petrolera conducida por el gobierno- baja las inversiones.
Otra diferencia entre el sector eléctrico y el petrolero (fundamentalmente para el Gas Natural) es que las nuevas inversiones eléctricas están asociadas a una política de contratos que permite a los privados tener algún horizonte temporal. En el caso del Gas Natural, eso está faltando y quizás explique por qué las inversiones a escala no llegan. La falta de contratos quita horizonte de planeamiento. Es probable que los privados estén mirando con buenos ojos las medidas que se toman, pero están esperando un horizonte de mediano plazo para realizar desembolsos significativos.
Sin lugar a dudas, dar esas certezas es el desafío para el 2017. Si el sector del upstream petrolero no empieza a mostrar señales este año, se corre el riesgo de que ante la falta de resultados se empiece a cuestionar todo lo hecho hasta el momento.