Esquizofrenia tarifaria y subsidios regresivos

Días atrás, el futuro Ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, definió como una “esquizofrenia” tarifaria el hecho de que las tarifas de Edenor y Edesur fueran sensiblemente inferiores a las que se aplican en el resto del país y que, siendo importador neto de energía, nuestro país aplique subsidios generalizados sobre ella.

Difícil discutir la lógica de ese argumento. Días antes de estas declaraciones, Fundelec publicó un documento en el cual se comparan las tarifas eléctricas promedio, sin impuestos y otros cargos, de usuarios residenciales de todo el país.

De la comparación surge que las tarifas de Edenor y Edesur son 5 veces mas bajas que el promedio del resto de las distribuidoras del país. Si la comparación se realiza contra las tarifas promedio más altas, esta relación llega a más de 7 veces.

Esto se da independientemente de los subsidios que aplica el Estado Nacional sobre el costo de generación, donde todas las distribuidoras reciben básicamente el mismo subsidio sobre unidad de energía comprada.

Las tarifas de electricidad (sin impuestos y cargos) tienen tres componentes básicos: i) costo de la energía comprada al mercado mayorista, ii) el transporte de esa energía desde donde se produce hasta donde la toma cada distribuidoras y iii) el valor agregado de distribución, que es la remuneración propia de cada distribuidora para mantener, operar y repagar las inversiones sobre la red que opera.

Si el Estado Nacional reduce el subsidio – que básicamente se aplica sobre el costo de generación -,  tendría un efecto en todas las distribuidoras. Un mismo impacto absoluto sobre la unidad de energía comprada, aunque un impacto porcentual distinto en función del peso relativo del costo de generación en la tarifa final de cada distribuidora.

Dicho de otra manera, la explicación de las diferencias entre las distintas distribuidoras no está directamente relacionada con los subsidios, sino con la forma en que cada jurisdicción fijó las tarifas. Hay que recordar que la eléctricas son fijadas por cada provincia, excepto en el caso de Edenor y Edesur que son fijadas por la Nación.

Una primera reflexión obvia es que ya sería hora de que la regulación de Edenor y Edesur esté a cargo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la Provincia de Buenos Aires, como ocurre con el resto de las distribuidoras del país.

Otra reflexión sería, ¿cómo es la calidad de servicio eléctrico en todo el país? ¿Aquellos distritos con tarifas más altas tienen mejor calidad de servicio que Edenor y Edesur? ¿Hay alguna relación entre nivel tarifario y calidad de servicio? La verdad es que no, todas las distribuidoras del país tienen problemas para cubrir sus gastos operativos y un plan de inversiones adecuado. ¿Las distribuidoras provinciales estatales – que son muchas – tienen mejor calidad de servicio que las distribuidoras privadas? ¿Las cooperativas – que también son muchas – tienen mejor calidad de servicio que las anteriores? De nuevo, la respuesta es negativa. Los problemas de calidad de servicio son un denominador común.

¿Los niveles tarifarios afectaron la tasa de crecimiento relativo en cada provincia o región? De nuevo, la respuesta es negativa. Lo cual contradice uno de los caballitos de batalla del gobierno actual, en el sentido que las tarifas bajas subsidiadas son el fundamento de parte del crecimiento observado desde 2003 hasta 2011 (desde esa fecha a hoy el país ya no crece). Si observamos cómo evolucionó el producto bruto de cada región del país, no encontramos ninguna correlación determinante con el nivel de tarifas eléctricas en particular o de la energía en general. Las variables explicativas son el tipo de cambio real y la evolución de la demanda agregada.

¿Todas las distribuidoras del país deberían tener el mismo nivel tarifario? Lógicamente no. Aún cuando todas tuvieran el mismo costo de generación y transporte, el valor agregado de distribución debiera ser distinto en función de la densidad de la población, del consumo promedio de cada categoría de usuario, y otras variables. Ahora, una cosa es que lógicamente las tarifas no sean iguales, y otra es que se observe semejante nivel de dispersión.

En materia de tarifas eléctricas, el nuevo gobierno enfrentará el desafío de racionalizar los subsidios sobre la generación, pero también deberá ajustar las tarifas de transporte y distribución; donde no hay subsidios explícitos, pero son tan bajas que no les permite a las distintas unidades de negocio tener un flujo de fondos para tener un plan de inversiones adecuado.

Para darnos una noción del desafío, el costo mensual de generación es aproximadamente $9.000 millones y se deberían recaudar de las distribuidoras poco mas de $2.000 millones. El resto lo subsidia el Estado. Pero como a muchas distribuidoras no les alcanza la caja para cubrir egresos operativos “dejan” de pagar la energía que reciben. Así en lugar de $2.000 millones se recaudan menos de $1.000 millones. En términos fáciles, por un motivo u otro, 8 de cada 9 pesos del costo de generación los termina poniendo el Estado Nacional con fondos de rentas generales. ¿Alguien puede en su sano juicio justificar que es necesario por razones sociales subsidiar 8 de cada 9 pesos? La demanda de las casas de familia es el 40% de la energía que se consume, el resto es alumbrado público, comercios e industrias.

Semejante nivel de subsidios y semejante nivel de diferencias tarifarias no es ni económicamente justificable ni socialmente deseable. La esquizofrenia tarifaria y los subsidios injustos hace rato que dejaron de ser sustentables.

La primer condición para resolver un problema es reconocer la existencia del mismo. El futuro Ministro del área ya lo hizo. Enorme avance para los tiempos que corren y que la sociedad mayoritariamente decidió dejar atrás.