Las implicancias de la emergencia eléctrica

Recientemente el Gobierno Nacional declaró la emergencia eléctrica. Primero se especuló con que abarcaría a todo el sector energético, aunque después se circunscribió al sector eléctrico. Luego, el periodismo detectó que en la página de la Casa Rosada se mencionaba que la declaración de emergencia se haría por un DNU, lo cual generó distintas especulaciones respecto a qué tipo de facultades tomaría para sí el Poder Ejecutivo Nacional. Finalmente nada de ello ocurrió y se declaró la emergencia eléctrica mediante un decreto simple sin mencionar medidas muy específicas. 

Habitualmente las declaraciones de emergencia traen aparejadas la adopción de medidas por parte del gobierno que no podría tomar en circunstancias normales. La "parte vacía" del vaso diría ¿para qué declarar la emergencia si no se toman medidas extraordinarias? Acostumbrados como estamos a que el país viva en emergencia y que el PEN dicte medidas extraordinarias, el decreto tiene sabor a poco. 

Pero miremos la "parte llena" del vaso. La nueva administración decidió desde el inicio poner la cuestión energética arriba de la mesa de la discusión pública, quiere por razones obvias advertir a la sociedad que la cuestión energética heredada presenta fuertes desafíos que habrá que enfrentar más temprano que tarde. 

El gobierno ya dio dos pasos lógicos al momento de enfrentar un problema: el primero es reconocerlo y el segundo es no agravarlo.

Medidas de ahorro energético por parte del Estado en cualquiera de sus niveles y el llamado al uso racional de la energía por sí mismo seguramente no solucionarán el problema de los recurrentes cortes de electricidad que sufren las familias, los comercios y las industrias de todo el país. El problema de la calidad de servicio de distribución no es un fenómeno que se limita a la zona del AMBA. Es un problema que afecta por igual a casi todas las distribuidoras eléctricas del país, no importa si son privadas, estatales o cooperativas. No importa si están reguladas por la Nación o por cada provincia. El denominador común es la falta de fondos para invertir y ello se termina reflejando en un servicio deficiente.

En el poquísimo tiempo de gestión que lleva el gobierno ya realizó dos definiciones cualitativamente muy importantes. La primera es que los subsidios se mantendrán y se centrarán en quienes realmente los necesiten. Sería afortunadamente el fin de los subsidios generalizados que por su diseño terminaban beneficiando a los sectores de mayores recursos y su financiación recaía mayormente sobre los sectores de menores recursos. Es lo que algunos llamamos, subsidios a la Hood Robin.

La segunda definición, quizás tan importante como la primera, es que la idea es subsidiar a la demanda, es decir a los consumidores o clientes, y dejar de subsidiar a la oferta, es decir a la empresas.

Pedir mayores precisiones que las dadas por el gobierno en tan poco tiempo sería demasiado. Pero tampoco vamos a tener que esperar mucho más. El país necesita reducir el déficit fiscal, bajar la inflación y atraer inversiones. El sector eléctrico en particular y el energético en general tienen mucho para aportar en estas cuestiones.

Subsidiar a quienes no lo necesitan es la primer erogación del sector publico que debería eliminarse, por el efecto directo que ello tiene y porque permitiría la aparición de señales de precios que el sector necesita. Por falta de una estructura tarifaria adecuada, las grandes inversiones las hace básicamente el Estado que, cuando las hace, las termina haciendo mal (caras) y tarde porque tiene problemas de caja. Así, quitar subsidios a quienes no lo necesiten tiene un doble efecto sobre las finanzas públicas: baja las erogaciones en subsidios y baja las erogaciones en inversiones.

El subsidio a la demanda, en lugar de "ocultar" los reales costos del servicio, les da los fondos necesarios a quien recibe el subsidio para decidir cuánto consume de ese bien basado en una señal real de precios. Nuevamente, el subsidio a la demanda contribuiría a que afloren señales de precios que facilitaría la toma de decisiones por parte de potenciales inversores, sin que se afecte al segmento de la demanda que decida subsidiarse.

Seguramente cuando se empiece a delinear el nuevo esquema de subsidios mucho se discutirá respecto a quienes son excluidos y quienes incluidos. Ambos criterios darán lógicamente lugar a diversos debates. Ojalá lleguemos a ese punto, esa discusión será mucho más enriquecedora que la que tuvimos en los últimos tiempos, donde el gobierno sostenía que los subsidios generalizados eran un mérito para la economía mientras se deterioraba el servicio y la macroeconomía.

Ojalá los técnicos tengan el suficiente respaldo político para encarar las cuestiones pendientes en el sector. No hay muchos misterios, de hecho la propia administración de Cristina Fernández de Kirchner varias veces amagó con iniciar el proceso, el problema es que por cuestiones políticas nunca avanzó.

Se sabe lo que hay que hacer, la pregunta es si políticamente la sociedad aceptará los cambios. Posiblemente ese sea el eje del debate del 2016.