Menos subsidios para la electricidad, más subsidios para el crudo

A poco de asumir, el gobierno ya enfrentó los límites que las restricciones políticas o necesidades macroeconómicas le imponen a los planes sectoriales. Con buen criterio calificó como injustos a los subsidios eléctricos, pues benefician en mayor medida a los sectores de mayores ingresos, mientras que son cubiertos vía impuestos en un país con un sistema tributario muy regresivo, aún cuando no tuviéramos en cuenta el impuesto inflacionario. Adicionalmente la Tesorería no tiene los fondos para solventarlos lo cual obliga al Estado a financiar ese déficit con deuda o emisión monetaria.

Sin embargo, el Estado con las últimas medidas ni eliminó todos los subsidios ni corrigió todas las injusticias. ¿Por qué sostener algo que se reconoce injusto? Porque aumentar las tarifas en un solo paso para concentrar los subsidios en los segmentos de menores recursos tendría consecuencias impredecibles para la imagen pública del gobierno. El gobierno necesita casi en la misma medida corregir los desequilibrios macroeconómicos como generar confianza en la población.

Los incrementos de energía eléctrica le permitirán al gobierno reducir erogaciones del Estado Nacional en subsidios por una suma estimada del orden de los 44.000 millones de pesos (considerando los efectos tanto sobre el mercado mayorista como sobre los aportes que en los últimos años empezaron a recibir Edenor y Edesur). Ese ahorro fiscal tiene su equivalencia en el esfuerzo que harán los consumidores que verán incrementadas sus facturas. A estos números debemos adicionar el efecto que el incremento de tarifas tendrán sobre la cascada de impuestos nacionales, provinciales y municipales que se cobran en las distintas jurisdicciones del país.

Ahora bien, en el mismo momento en que el gobierno anunciaba quitas de subsidios a la electricidad, acordó subsidios para el petróleo crudo.

Hoy en nuestro país el crudo que los productores le venden a las refinerías se pacta a valores que por lo menos duplican al precio internacional. Eso se refleja en que los valores de los combustibles líquidos en el surtidor de nuestras estaciones de servicios sean de los mas altos del mundo. Ningún país en este momento paga por el crudo dos veces el valor internacional.

Estrictamente esta situación se enmarca mas en una “transferencia de recursos” que en un “subsidio”. Técnicamente reservamos el término subsidio para cuando hay recursos estatales involucrados. Pero mas allá de tecnicismos, la diferencia entre la energía eléctrica y el crudo esta dada porque los efectos del llamado “barril criollo” lo pagamos los consumidores y no el Estado Nacional.

Pero esto también acaba de modificarse parcialmente. El crudo tipo Escalante que se produce básicamente en Chubut en buena proporción se exporta, con lo cual el acuerdo local no lo alcanza. Aproximadamente un 40 por ciento de la producción se destina a la exportación a un valor que no llega siquiera a los 27 dólares por barril (el mismo crudo en el mercado local se vende en aproximadamente 55 dólares por barril). Ante esa situación muchas actividades podrían detenerse por falta de rentabilidad afectando el nivel de actividad y, lógicamente, el nivel de empleo. El gobierno acordó un subsidio explícito de aproximadamente 10 dólares por barril para el crudo que se exporta. No se conocen muchos detalles del acuerdo, pues solo el gobierno de Chubut y los representantes de los trabajadores contaron detalles. De esta manera no puede calcularse el costo fiscal con precisión, pero se supone que durante los 6 meses que duraría el acuerdo el mismo sería de aproximadamente 200 millones de dólares.

No es casual que el mismo gobierno que anunció que ya no podía sostener el subsidio a la electricidad, tratara de no exponerse públicamente anunciando un subsidio a empresas petroleras.

Por cierto que ambas situaciones son distintas y deberían analizarse de forma separada, pero mediáticamente sería difícil explicar que no hay plata para subsidiar a ciertos consumidores pero sí hay plata para financiar a empresas petroleras. La natural simplificación a la que llevan los debates mediáticos dejaría en una posición incómoda al gobierno. Más cuando desde el gobierno sostienen que desearían ir a un esquema en dónde los precios se alineen con los internacionales, pero otorgan subsidios y acuerdan un esquema de transferencia de recursos de la demanda a la oferta para que el barril criollo se pague al doble del precio internacional.

Pero quizás el desafío para el gobierno va un poco más allá. El valor diferencial para el barril criollo no se sabe por cuanto tiempo se mantendrá y el subsidio explícito para el crudo “Escalante” se fijó por 6 meses. ¿Cuál es el horizonte para las empresas para evaluar futuras inversiones? Si el gobierno quiere alinear los precios con los internacionales y los acuerdos de precios son de corto plazo, no es sorprendente que las empresas hayan bajado nivel de actividad.

En el mismo momento que en Chubut se acordaba mantener el nivel de empleo por 6 meses, en Neuquén se anunciaba la suspensión de cerca de 5000 trabajadores.

Si los esfuerzos que se le piden a los consumidores y a los contribuyentes solo sirven para sostener el nivel de empleo por 6 meses en una provincia, pero no logramos como país sostener el nivel de actividad del sector, algo deberemos replantearnos. Nos estamos quedando a mitad de camino: o dejamos que el crudo baje y los consumidores se benefician (con las consecuencias negativas que ello tiene en las provincias petroleras), o definimos un esquema de mediano plazo para que todos sepan como evaluar decisiones futuras.

El gobierno tiene el crédito abierto y sería injusto que en poco tiempo encare todos los problemas juntos. Pero mas temprano que tarde la sociedad empezará a percibir estas inconsistencias y políticamente será difícil sostenerlas. Entre que ya teníamos problemas de política energética interna, el “precio del crudo” metió la cola y complicó mas la situación.

Sobre llovido mojado, dirían nuestros abuelos.