El gobierno argentina acaba de anunciar un cambio en la forma en que instrumentará los subsidios a las garrafas.
El cambio más importante es que deja de concentrar los subsidios en la oferta para orientarlos en la demanda. Bajo el nuevo esquema, del cual no se conocen muchos detalles, los productores de GLP seguirían recibiendo un subsidio por las toneladas que vendan al mercado interno. Tanto los fraccionadores como distribuidores dejarán de recibir subsidios.
Los usuarios finales que califiquen para este programa recibirán directamente en sus cuentas bancarias una cantidad determinada de dinero. Estos fondos se calcularán asumiendo un determinado nivel de consumo del grupo familiar según la región del país. Se anunció que los usuarios pagarán $20 por garrafa y recibirán un subsidio de $77 por garrafa. No se anunció cuánto se seguirá subsidiando a los productores de GLP ni como se garantizaría que los usuarios paguen $20 por garrafa. Habrá que esperar a que se publiquen las normas específicas para tener un panorama mas completo.
Debo confesar que personalmente tengo una enorme simpatía por los subsidios dirigidos a la demanda en contraposición con los subsidios dirigidos a la oferta. Son mejores tanto desde el punto de vista micro como macroeconómico. Particularmente en el mercado de las garrafas subsidiar a la oferta no tenía ningún sentido pues la plata no le llegaba a los potenciales beneficiarios. El subsidio se perdía a lo largo de la cadena comercial.
Hagamos un poco de historia. Desde la crisis del 2001/2002 hasta el 2008 el gobierno y las empresas del sector realizaron sucesivos acuerdos tendientes a contener el precio de las garrafas para que los sectores que debían consumirlas pudieran hacerlo a precios bajos. En dichos acuerdos no había aportes de subsidios del Estado y el precio "bajo" se lograba reduciendo las ganancias de las empresas. Había un subsidio, pero era implícito. Había una transferencia de rentas del sector productor hacia la demanda.
En el año 2008 ante la aceleración de la inflación se hacía muy difícil mantener los precios inalterados de las garrafas. Ahí aparece la idea que para preservarlos el Estado Nacional podía aportar fondos.
¿Cuál era el principal problema del programa anterior? Que el Estado no controla la cadena comercial, no controla al comercio minorista que le vende la garrafa al consumidor. El Estado pagaba subsidios "como si" la garrafa se vendiera a $16 en cada comercio de cada rincón del país. Eso siempre fue, desde el inicio, una ficción. Este programa nos costó a los contribuyentes $7.500 millones de pesos desde 2008 hasta el año 2014. ¿A dónde fue esa plata? Nadie lo puede explicar con precisión, sólo sabemos que el consumidor no la recibió. Hay algo más ineficaz que un subsidio que no es recibido por su beneficiario? Al gobierno le llevó 6 años darse cuenta.
El propio ministro de Economía afirmó: “se armaron negocios negros de venta de garrafas a quien no correspondía, incluso se exportaban”. Con estos dichos el ministro demostró que conoce actos ilícitos que se consumaron utilizando subsidios públicos y que no conocía muy bien como funcionaba el esquema que acaban de abandonar, pues se suponía que todos los consumidores de garrafas tendrían acceso a la garrafa al mismo precio ($16). ¿A quién no correspondía, si bajo el esquema anterior todos los consumidores estaban alcanzados?
Al momento de escribir este artículo no hay información sobre si el ministro denunció el mercado negro y la exportación clandestina que el mencionó ante la autoridades pertinentes, ya que como funcionario público tiene la obligación de denunciar cualquier ilícito que conozca en ejercicio de su función.
Pero quizás lo más importante no sea el programa de subsidios en sí, sobre el cual faltan muchos detalles y ya sabemos cuán capaz es este gobierno de arruinar las mejores intenciones cuando llega el momento de la letra chica. Me parece que lo importante es que el gobierno se animó a cambiar. Un programa que no funcionaba decidió reformarlo, aparentemente de manera radical.
¿Es una claudicación ideológica o una medida sensata? Gobernar implica tomar decisiones, darse cuenta que algo no funciona y cambiarlo es parte de las tareas, o incluso de las obligaciones de un gobierno. Los consumidores de garrafas y la industria del GLP probablemente estén mejor luego de este cambio. ¿No podríamos esperar cambios similares para la energía eléctrica y el gas natural? Si el gobierno se atrevió a dar este paso, ¿No podría atreverse a dar otros?. Iría en beneficio de todos los ciudadanos y del propio gobierno si en los tramos finales del mismo, como acaba de hacer con las garrafas, deja de lado por un lado los prejuicios ideológicos y da paso al sentido común, que como muchas veces nos recuerdan nuestros mayores, es el menos común de los sentidos.